La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) obtuvo una suspensión definitiva contra el decreto de reforma al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
Este decreto establece la prohibición de servicios y del consumo de alimentos y bebidas en áreas para fumadores habilitadas en los restaurantes.
Fue el pasado 13 de julio cuando el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó la suspensión a este decreto.
La suspensión otorgada se da a raíz de que la Canirac presentara un juicio de amparo Luego de la publicación de este decreto.
La suspensión definitiva de este decreto será aplicable para los restaurantes que estén afiliados a la Canirac y que puedan demostrarla. A su vez, estos establecimientos deberán contar con licencia vigente con la que se demuestre que cumplen con el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, la cual es aplicable a la anterior reforma.
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Para poder habilitar las áreas para fumadores los restauranteros deberán presentar una copia de esta suspensión definitiva, la cual está publicada en el sitio web de la Canirac.
Ante el otorgamiento de esa suspensión definitiva, Germán González, presidente nacional de la Canirac, recordó, a través de un comunicado, que el objetivo de este organismo es velar por los intereses del sector restaurantero, por lo cual se tramitó el juicio de amparo.
“Uno de los principales objetivos de Canirac es velar por los intereses de nuestros afiliados y del sector restaurantero. Hoy más que nunca, tenemos claro que somos una industria fuerte y unida. Esta suspensión es el resultado del trabajo conjunto que llevamos a cabo día a día”, mencionó.
Entre los argumentos que la Canirac presentó se encuentra que los afiliados pueden dar servicio de alimentos y bebidas a sus comensales en áreas para fumadores.
Aseguró que la industria restaurantera ya cumplía con normas que protegen el derecho a la salud de los no fumadores y de ofrecer un ambiente libre de humo de cigarro.
La nueva norma generaba restricciones a la industria restaurantera que mencionaron limitan otros derechos humanos y obligan a discriminar y negar el servicio a los clientes.
