Pese a que se han tenido reuniones entre empresarios y la Secretaría General de Gobierno, donde se han generado propuestas por parte de la iniciativa privada a fin de replantear los lineamientos del cobro del impuesto ambiental, el coordinador de la Alianza Empresarial en San Luis Potosí Gerardo Ortuño Díaz Infante, reconoció que no se han tenido avances y que esto es preocupante para el sector, ya que el impuesto empezará a cobrarse a partir de abril.
“Estamos muy preocupados porque esto va a entrar a partir del mes de abril y no tenemos como vamos a ser medidos, entonces no sabemos cómo nos va a llegar, el tiempo está corriendo y eso no acordamos, esta es una irresponsabilidad de los legisladores, el haber aprobado esto”.
Los líderes de las doce cámaras empresariales llevan dos meses y medio solicitando el documento que se va a socializar en las mesas de trabajo “y que seguimos sin tener respuesta”.
Relató que de enero a la fecha, se han llevado a cabo cinco reuniones entre representantes de la iniciativa privada y la Secretaría General de Gobierno, encuentros en los que se entregó un documento donde se muestra como se ha legislado en 15 estados y como se ha reglamentado respectivamente.
El objetivo es que puedan replicar parámetros en San Luis Potosí, pero no se ha tenido una retroalimentación, la justificación que han dado las autoridades es que se está trabajando en el reglamento, pero llevan en esta encomienda desde el mes de febrero.
“Sabemos que la Federación si mide a ciertas empresas que son la minería y las acereras, pero con lo que se pretende medir aquí, el Gobierno no cuenta con esa reglamentación, entonces es lo que nos dicen que están trabajando y están trabajando”.
